El radar del túnel de la calle Costa Rica. / SAMUEL SÁNCHEZ
El pisar el acelerador o el no frenar a tiempo puede resultar caro. La capital dispone de 43 dispositivos fijos que controlan durante las 24 horas del día a miles y miles de vehículos. Nueve de ellos (seis cámaras situadas en semáforos y tres radares) están a la cabeza como los que más denuncias imponen. Están colocados, según el Ayuntamiento, en zonas estratégicas para reducir la velocidad y aumentar la seguridad del peatón. Sin embargo, la empresa DVuelta, especializada en recurrir las multas y autora del estudio, discrepa de estos objetivos y apunta al aumento de los ingresos vía sanciones.
Multas con fallo
El Tribunal Supremo sentenció el pasado febrero que la subida de las multas aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid en 2005 y que entró en vigor el 1 de enero de 2006 no se ajustaba a la ley. El incremento en algunos casos de hasta un 300% en la cuantía no respetaba los principios de proporcionalidad ni de jerarquía normativa. Por ello, el Alto Tribunal tiró abajo esa norma municipal y obligó a anular las denuncias presentadas.
DVuelta, que fue la empresa que pleitó aquel cuadro de multas, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ejecute la sentencia por la que condenaba al Ayuntamiento, al no haber recurrido el Consistorio el fallo del Tribunal Supremo y ser este ya firme. Esta ejecución supondría anular todas las denuncias que no estén completamente ejecutadas, según el escrito de DVuelta. Entre ellas, están las que no hayan adquirido firmeza en vía administrativa, las que no tengan sentencia firme en el ámbito judicial y aquellas que, pese a tener fallo, no se hayan ejecutado o lo hayan hecho de forma parcial.
Fuentes municipales destacaron que los efectos para las arcas municipales serán muy exiguos, ya que la mayoría de las sanciones impuestas con la normativa de 2006 ya estarán pagadas o habrán prescrito o caducado por el paso del tiempo.
Cuando un conductor pasa por delante de los 26 semáforos dotados con cámaras, también llamados fotorojos, debe saber que rebasarlo en fase amarilla o roja le supondrá una denuncia de 200 euros y cuatro puntos del carné. El Ayuntamiento de Madrid le enviará la sanción con dos fotos (una instantes antes de pasarlo y otra ya después haberlo hecho) para que no le quede duda de su infracción. A la cabeza de esos dispositivos hay seis cámaras (ver gráfico adjunto). Todas colocadas en grandes vías de varios carriles con gran afluencia de tráfico a diario. Las primeras se instalaron en 2005 en el paseo de la Castellana y las 11 últimas el pasado diciembre.
Con los radares fijos ocurre algo similar. La M-30 y sus alrededores están plagados de estos dispositivos. El importe de las denuncias oscila entre la más barata de 100 euros —cuando no se llega a superar el 25% de la velocidad de la vía— hasta los 500 euros y los seis puntos —cuando se pasa del 50%—. Eso siempre que el conductor no cometa un delito, al circular a más de 60 kilómetros por hora sobre la fijada en un tramo urbano.
En la clasificación de número de multas, está el del túnel de Costa Rica, el de la avenida de Portugal y la entrada a la calle de Embajadores, según DVuelta. Por su parte, el Ayuntamiento no da datos de las denuncias. Todas ellas tienen una reducción del 50% de la cuantía si se pagan en el periodo voluntario.
La responsable del Área de Servicios de DVuelta, Elena Grande, considera que los dispositivos no están colocados en las zonas que pudieran ser más peligrosas para la circulación. Para ello pone como ejemplo que algunas vías tengan en un corto tramo hasta dos fotorojos, como ocurre en el paseo de la Castellana y en la avenida de los Poblados. E incluso tres, como la avenida de Andalucía. “Se ha puesto en las zonas en las que hay más tráfico y no solo por motivos de seguridad vial. Detrás hay un afán recaudatorio por la mayor circulación que tienen esas vías y las posibilidades de pillar a más conductores”, reconoce Grande.
Los recursos por multas de velocidad suponen alrededor del 40% de los tramitados por esta empresa, por detrás de las de aparcamiento. Un efecto que están notando, según la responsable del Área de Servicios, es que cada vez son mayores los clientes por los fotorojos. Su incremento en otros 11 el pasado diciembre es una causa. Otra más importante es que desde hace meses sancionan a los conductores que pasan en fase ámbar.
“El problema de estos dispositivos es que, al no notificar en el acto la denuncia, un conductor puede acumular varias y no se entera hasta que le llegan todas a la vez. En el caso de que supongan puntos, puede perder el carné sin darse cuenta”, añade Grande, que recuerda el caso de una mujer que recibió 33 multas por velocidad de 140 euros y dos puntos cada una. La solución muchas veces para evitar las posibles multas lleva incluso a cambiar el itinerario habitual y no pasar por delante de estos dispositivos de seguridad.
Fuentes municipales, por su parte, niegan que exista un afán recaudatorio. Su colocación responde exclusivamente a la seguridad vial. En el caso de los fotorojos, se hicieron estudios previos que aconsejaban su instalación para reforzar la seguridad de los peatones y de los ciclistas. Otro fin es reducir la velocidad en esas vías. Si el conductor va a la fijada en esa calle, tiene tiempo suficiente para detener su coche sin rebasar el semáforo.
En el caso de los radares, las fuentes municipales recuerdan que la velocidad de 70 kilómetros por hora en la M-30 es una medida para evitar accidentes y que se produzcan enormes atascos, según varios estudios universitarios.
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