Compromiso y Experiencia

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miércoles, 26 de marzo de 2014

La propietaria de una licencia de taxi de LPGC desvela la “logística” de los ‘floteros’


G.A. desconoce todavía cómo pudo llegar a sus manos el permiso de su padre, cuando entonces no cumplía los requisitos mínimos. Asegura que durante un registro la llamaron para que...
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G.A. desconoce todavía cómo pudo llegar a sus manos el permiso de su padre, cuando entonces no cumplía los requisitos mínimos.
Asegura que durante un registro la llamaron para que acudiera a la oficina del flotero con urgencia para que firmara nóminas.
Tras obtener el permiso, al pensar que no podía hacer otra cosa, esperó a que el contrato firmado por su progenitor expirase para cancelarlo.
Desconoce cómo es posible que las administraciones públicas permitan a un jubilado seguir contratando personal.
Las herencias son plato de gusto a medias y, como reza el dicho, en ocasiones las carga el diablo. Una situación que se agrava si el pan que trabajó el progenitor en cuestión se enmarca en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria, donde en las últimas décadas se ha forjado un mecanismo ajeno a la legalidad que coge en paños menores a los que llegan de nuevas y que mantiene abiertos dos procesos judiciales.
El Ayuntamiento es el encargado, tanto de llevar a cabo los trámites necesarios para otorgar la licencia municipal de un taxi, como de traspasar la misma a la viuda o los herederos en caso de que éstos lo soliciten. Un traspaso que se encuentra regulado en el vigente Reglamento Municipal del Taxi y que no tiene visos de cambiar tras reforma del mismo que prepara el Gobierno del Partido Popular (PP) encabezado por el alcalde, Juan José Cardona.
G.A. desconoce todavía cómo pudo llegar a sus manos el permiso de su padre, cuando entonces no cumplía unos requisitos mínimos de los que asegura que nadie le informó, como estar en posesión del certificado habilitante para el ejercicio de la profesión. Tampoco se encontraba dada de alta como autónomo, es más, estaba en paro y cobraba una subvención.
Tan solo tuvo que acercarse a una de las Cooperativas de Taxis que se encuentran en la capital grancanaria, en busca de las gestiones que debía realizar para requerir la licencia, para que una abogada le dijera que el contrato firmado por su progenitor con uno de los denominados floteros no había concluido y que ella debía cumplirlo. Cosa que hizo hasta 2010 al pensar que su actuación se ajustaba a la legalidad. “Cuando te pones en manos de un abogado no piensas que te esté mintiendo o que te lleve a hacer algo irregular”, apostilla.

Ese mismo año, la Policía Local llevó a cabo una serie de registros junto a la Agencia Tributaria, derivados de una denuncia interpuesta en el Juzgado por la Asociación de Asalariados. G.A. asegura que ese día la llamaron para que acudiera a la oficina del administrador con urgencia, donde le hicieron firmar hasta siete nóminas. “No tenía constancia de que tenía personal contratado a mi nombre”, asevero
Para de taxis del Parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria.
Para de taxis del Parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria.
6.000 euros de multa
“Antes de que mi padre falleciera, a mi esto no me olía nada bien”, afirma al recordar una carta procedente de la Seguridad Social (SS) que se aventuró a abrir. “Nos tenían prohibido abrir cualquier tipo de correspondencia, que debíamos remitirles” dice, en referencia a los floteros. Sin embargo, al ver quién era el remitente, hizo caso omiso y leyó la misiva para descubrir una multa de 6.000 euros.
Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que un hombre de nacionalidad extranjera, contratado por los mencionados administradores, había estado trabajando a nombre de su padre sin los correspondientes permisos ni pagos a la SS. Al ir a pedir explicaciones, solo obtuvo rechazo. Años más tarde y tras obtener el permiso, al pensar que no podía hacer otra cosa, esperó a que el contrato firmado por su progenitor expirase para cancelarlo.
Connivencia de la Seguridad Social
En una carta enviada al juez del Juzgado de Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, donde recientemente se ha celebrado un juicio a una quincena de personas relacionadas con el sector, demandados por Inspección General del Trabajo por cesión ilegal de trabajadores, G.A. manifiesta que “no niego mi culpa, pero sí mi total responsabilidad”.
Un procedimiento al que se enfrentó sin abogado que la defendiera, después de que el que le habían recomendado, renunciara tras comentarle su decisión de desvelar la “logística” que se había montado en el sector en torno a la figura del flotero y su propia experiencia.
Una culpa que, añade, “va acompañada de una responsabilidad por parte de ciertas administraciones públicas y algunas entidades muy cercanas al sector”, entre las que señala, sin precisar nombres, a cargos que hace años ocuparon un puesto en la Tesorería General de la Seguridad Social en Canarias.
G.A. no entiende cómo es posible que tanto el Ayuntamiento, como la SS o Inspección de Trabajo permitieran a su padre seguir contratando personal asalariado 15 años después de serle aprobada su jubilación.

martes, 25 de marzo de 2014

Federación, sale en la prensa, no por defender al colectivo, sino por la corrupción de la Junta, publicado en "El Mundo" digital


"Antonio, lo que te voy a decir es muy fuerte: que sepas que tanto Mariano como Joaquín se han estado llevando sobres con comisiones de los proveedores de las imprentas. Repito: sobres procedentes de comisiones de las imprentas".

Esta fue la intervención, durante el pasado fin de semana, de Antonio Hernández Pombo, ex vocal de la junta directiva de la Federación del Taxi de Madrid, en la asamblea ordinaria de la institución.

Hernández Pombo, a quien este digital no ha podido localizar para que explicara sus palabras, refería así la denuncia que le habría comunicado, según él, otro miembro de la directiva: que Mariano Sánchez, presidente, y Joaquín Navas, vicepresidente, habrían cobrado comisiones a cambio de encargar a determinadas imprentas servicios para la asociación. El presunto caso habría saltado al recibir una trabajadora de la casa dos sobres abiertos dirigidos a estas personas.

La Federación se halla en pleno proceso electoral y Hernández Pombo, que este lunes repitió sus acusaciones en una de las radios dedicadas al sector, Radio Libertad, fue vocal hasta hace unas semanas.

Ésa, precisamente, fue la defensa de Mariano Sánchez ante este periódico al ser preguntado por la acusación: "Esta denuncia de este señor está judicializada, mentir no le va a salir gratis. Él estuvo en la junta hasta hace poco, sabía que no iba a seguir y alguien le ha manipulado para que se inventara esto".

Por parecidos derroteros fue, preguntado por este digital, Alberto Rubio, también vocal y quien, según Hernández Pombo, sería también conocedor de la corruptela, tal y como dice este último en el vídeo de su intervención: "A mí esto me deja perplejo y me quedo a cuadros. Y Josefa [la empleada que habría recibido los sobres] me dice: 'Yo lo sabía y Alberto Rubio también". Y Alberto me dice: 'Es cierto y yo siempre he estado en contra de esas posturas [de cobrar comisiones]'", contó Hernández Pombo.

Este lunes, Rubio negaba absolutamente ese extremo: "Es todo falso, por supuesto. [Hernández Pombo] es una buena persona pero creo que esta influido por otros, no sé quién le está manipulando. Es todo mentira".

domingo, 23 de marzo de 2014

Asamblea de Tele Taxi 2014, ruina, despotismo y acusaciones de presuntos cobros de comisiones ilegales por parte de Mariano Sanchez y Joaquin NavaH

El pasado Sábado 22 de Marzo, asistimos a un nuevo despropósito de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi, de su Sección Tele Taxi.
Asamblea, en la que la Junta Directiva, esperaba que se le aprobasen unos resultados económicos nefastos, una gestión inexistente, y de soslayo y por la puerta trasera, una modificación de normas de régimen interno, que traían de regalo, una autorización a la Directiva de otorgarles poderes para negociar, con la empresa, que trae de cabeza a toda la sección de Tele Taxi, Tess.
En la gestión económica, toda la Asamblea, bueno los que pudieron votar, Mariano sigue usurpando el derecho a voto a los Socios, ya que al votar hace una resta indecente, se le dijo que no, en la modificación de normas con trampa, los intervinientes, solicitaron, votar por separado, la modificación de normas de régimen interno, tan necesarias a día de hoy, y la autorización para algo que ni el presidente de la Asamblea, sabia explicar. Claro, ante un ordago, de o todo o nada, los Socios dijeron que nada, que la próxima Junta que entre, dada la proximidad de las elecciones, tendrá la responsabilidad de cambiar.
Buscaba, Mariano apoyo en la asamblea, para negociar con la empresa, que nos dejo tirados, ante la implantación de la regulación horaria, ante la conexión del 112, ante la cantidad de kilómetros que los socios han de realizar, para acceder hasta esta empresa en Alcala de Henares, ante el maltrato que se recibe y ante los 60 Euros, que cobra por decir buenos días.
La sorpresa de los asistentes, salto, cuando Antonio hernandez subió al estrado y Mariano Sanchez, no le dejo intervenir en dos ocasiones, todos los asistentes nos mirábamos atónitos, ¿por que Mariano Sanchez le negaba la palabra al ex directivo y socio de tele taxi?



Posteriormente y relegada la intervención al ultimo punto del orden del día, intervino Antonio Hernandez, explicando a la Asamblea, los motivos de su dimisión, la falta de coherencia de la gestión de Mariano Sanchez, y el conocimiento, por parte de este exmiembro de la Junta Directiva, del cobro de comisiones por parte de Mariano Sanchez y Joaquin Navas, de las empresas a las que encargan trabajos en Federación y Tele Taxi, presuntamente.

Audio de la Intervención:



Esperemos por el bien de la entidad, tanto Federación, como Tele Taxi, que estos hechos se aclaren, y que en el próximo horizonte electoral, salga elegida una Junta que lleve a las asambleas, las necesarias iniciativas, que el Sector demanda.

Así son los contratos entre los ‘floteros’ y los titulares del taxi

El Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria celebra un juicio laboral por cesión ilegal de trabajadores. En él se encuentran demandadas más de una...
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El Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria celebra un juicio laboral por cesión ilegal de trabajadores.
En él se encuentran demandadas más de una quincena de personas relacionadas con el sector del taxi capitalino.
El proceso deriva de la primera investigación realizada por la Agencia Tributaria y la Policía Local a los floteros.
Los acuerdos alcanzados durante los últimos 20 años entre viudas o jubilados y floteros para la explotación de una determinada licencia de taxi en Las Palmas de Gran Canaria no han sido meramente verbales, también se encuentran sellados sobre el papel. Así se desprende de los contratos a los que ha tenido acceso Canarias Ahora entre el propietario de un permiso y los denominados “administradores”.
Según ha podido saber este medio, esa documentación podría llegar este jueves a manos del juez del Juzgado de lo Social número 9 de la capital grancanaria, donde se celebra un juicio laboral por cesión ilegal de trabajadores, en el que se encuentran demandadas más de una quincena de personas relacionadas con el sector del taxi capitalino.
Durante la jornada del miércoles fueron llamados a declarar varios asalariados, propietarios de taxis y supuestos floteros, algunos de los cuales permanecieron en la Ciudad de la Justicia desde las 08.00 hasta las 20.00 horas.
El proceso deriva de la primera investigación realizada por la Agencia Tributaria y la Policía Local de la capital grancanaria contra el supuesto uso fraudulento de las licencias de taxis, cuyo caso fue reabierto a finales del pasado año por la Audiencia Provincial. La irregularidad que investiga el Juzgado se centra en las contrataciones y los pagos a la Seguridad Social supuestamente realizados por los floteros durante el periodo en que explotaron las licencias, cuando los mismos debían estar gestionados directamente por los titulares de los permisos.
A pesar de que la figura del flotero es ilegal, porque la Ley prohíbe el arrendamiento y la sesión de licencias, los contratos a los que ha accedido Canarias Ahora revelan cómo hace unos 20 años el “arrendador” (titular) y el “arrendatario” (flotero) pactaron que el primero recibiera una cantidad de 60.000 pesetas al mes a cambio de que el segundo se encargara de explotar el permiso. Una cifra que cinco años después paso a ser de 80.000 pesetas y en 2005, de 510 euros mensuales.
Los gastos, a cargo del flotero
En uno de los puntos que aparece en todos los convenios queda reflejado que el administrador es el propietario del vehículo, aunque éste se encuentre a nombre del titular de la licencia. Una vez cumplidos los cinco años de vigencia del acuerdo, el jubilado debe registrar el vehículo como servicio particular, para luego traspasarlo a su verdadero dueño.
Más esclarecedor resulta el apartado que se centra en que “la totalidad de los gastos, sin excepción alguna” corren a cargo del flotero. Es decir, el combustible, las reparaciones, los seguros, arbitrios, impuestos de todas las clases, multas, etc. Por lo tanto, el propietario del permiso “en ningún caso o motivo tendrá que abonar nada a persona, entidad particular u organismo oficial”. “Al termino del presente contrato, el arrendatario no podrá reclamar cantidad alguna en concepto de salarios o indemnización, quedando el arrendador ante la Seguridad Social libre de toda responsabilidad laboral”, apostilla.
Respecto a la contratación de asalariados, todos los documentos firmados fijan que el permiso se otorga “libre” de empleados y que, si se decide buscar alguno, se hace con el beneplácito del dueño de la licencia. “En cualquier caso”, añade, “estará obligado a pagar sus salarios, seguros sociales o cualquier otro pago derivado de la relación laboral, inclusive la indemnización por despido, a fin de devolver la industria libre de empleado como la recibe”. Para ello, el titular se compromete a firmar “todo lo relacionado con las altas y bajas en la Seguridad Social”, a menos que otorgue un poder notarial al administrador.
Un apartado, este último, que podría incidir en la ilegalidad de cesión de trabajadores que el Juzgado de lo Social número 9 investiga actualmente en la capital grancanaria.
Sin embargo, se trata de un hecho que resulta difícil de detectar gracias a los siguientes puntos, en los que el propietario se compromete a comparecer ante los organismos oficiales y suscribir los documentos necesarios para el buen funcionamiento del taxi y ambos firmantes dejan todas las costas que puedan surgir si se rompe el contrato, entre ellas judiciales, al “incumplidor”.

La Junta de Andalucía sancionó en 2013 a 140 taxistas piratas

Las sanciones impuestas están cuantificadas en 4.001 euros cada una y van acompañadas del precinto e inmovilización del vehículo infractor

La Consejería de Fomento y Vivienda abrió durante 2013 un total de 140 expedientes sancionadores a vehículos por realizar servicios de transporte público de viajeros sin autorización, los conocidos como taxis piratas.
Según la señalado hoy la Consejería en un comunicado, esta actividad irregular no sólo supone un grave perjuicio económico para los profesionales que prestan este servicio de transporte de forma regulada, sino que también sitúa al consumidor en una situación de desprotección ya que, en algunos casos, es desconocedor de que el conductor no cuenta con el permiso reglamentario.
Por provincias, Málaga es la que registra un mayor número de sanciones, con un total de 55; seguida de Cádiz, con 39 expedientes tramitados.
A continuación se sitúan Huelva y Almería, con 14 y 13 infracciones castigadas, respectivamente; Sevilla, con diez; Granada, con cinco; y Córdoba y Jaén, con dos procedimientos abiertos en ambos casos.
Las sanciones impuestas están cuantificadas en 4.001 euros cada una y van acompañadas del precinto e inmovilización del vehículo infractor, aunque esta medida no puede llevarse a cabo hasta la tramitación completa del expediente y debe ser ejecutada por la Subdelegación del Gobierno.
Dada la dificultad de localizar al infractor y el vehículo una vez que ha concluido el procedimiento, la Consejería de Fomento y Vivienda está elaborando un decreto le que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, de 2003, que permitirá la inmovilización del turismo en el mismo momento en el que se detecta el acto ilícito hasta que se proceda al abono o garantía de la sanción.
Con esa iniciativa, que responde a una reivindicación planteada por el propio sector, se pretende "articular medidas más ágiles y eficaces contra las prácticas piratas que se detectan en este ámbito del transporte", según la Junta.

miércoles, 19 de marzo de 2014

Boletin de Informacion Asamblea Tele Taxi 2014



Taxistas contra las trampas del taxi

El gremio apremia al ayuntamiento a evitar el daño a la imagen de BCN Chóferes se alzan contra la comisión para cazar turistas en los hoteles CARLOS MÁRQUEZ DANIEL BARCELONA...
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El gremio apremia al ayuntamiento a evitar el daño a la imagen de BCN
Chóferes se alzan contra la comisión para cazar turistas en los hoteles
CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
BARCELONA
LUNES, 17 DE MARZO DEL 2014
La Urbana interviene en una discusión entre taxistas frente a un hotel de la zona del Fòrum, el miércoles pasado.
La Urbana interviene en una discusión entre taxistas frente a un hotel de la zona del Fòrum, el miércoles pasado.
En una Barcelona en la que el turismo tiene un papel cada vez más significativo, el rol del taxi quizás merezca una revisión y algo más de atención. Parecerá exagerado afirmar que este transporte es determinante en una actividad económica que supone el 16% del PIB de la ciudad, pero al tratarse del primer y último rostro con el que trata un visitante, puede que tenerlo en cuenta sea más una necesidad que una voluntad.
En la capital catalana se pagan desde hace 30 años comisiones a los hoteles a cambio de lograr servicios, un dinero que luego se carga al cliente, mayormente extranjero, de manera fraudulenta. Es un mal endémico de manual, y nunca nadie, ninguna Administración, ningún ente judicial o policial, ha logrado ponerle fin. Un grupo de taxistas que se hacen llamar Elite lo están intentando desde hace algunos meses. Taxistas contra las trampas del taxi. Pero, ¿por qué el área metropolitana, y más concretamente, su presidente y alcalde de Barcelona, orillan el problema si el turismo es una prioridad absoluta?
SIN RESPUESTA / A principios de febrero, Xavier Trias presidía un acto en el que se presentaba una aplicación móvil para que los clientes del taxi puedan calcular el precio de su carrera. Preguntado por este diario sobre la creación de una tarifa única para ir al aeropuerto, una herramienta que ayudaría a asestar un golpe a las comisiones ilegales, el alcalde dio un paso atrás y eludió responder, cediendo la palabra al concejal de Movilidad. Se le insistió en que era un asunto de ciudad, no un tecnicismo gremial, y que la cuestión bien merecía su opinión. No hubo respuesta.
Si bien es cierto que durante el congreso de móviles no se recibieron quejas sobre timos del taxi, la práctica de pagar entre 3 y 10 euros al conserje de un hotel a cambio de llamar a una radioemisora concreta y servirle en bandeja un par de turistas es algo muy habitual. Tan ilegal como dañino para Barcelona, pues el chófer, en su afán por recuperar esa pequeña inversión, cargará el aguinaldo al cliente gracias al arte del birlibirloque con el taxímetro.
«UN ROBO EN TODA REGLA» / Cuenta Alberto Álvarez que hará cosa de tres meses un par de compañeros le propusieron iniciar esta campaña en la que ya participan cerca de 70 chóferes. El objetivo, dice, no es otro que el de «limpiar la imagen del taxi». Se han organizado ahora y no antes porque la crisis todo lo amplifica. Si años atrás era visto como un pequeño plus que adornaba un buen sueldo, ahora, con un 30% menos de trabajo, se considera «un robo en toda regla». «Esta gente no son compañeros, son ladrones, y tampoco entendemos que el alcalde no haga nada cuando la imagen de la ciudad resulta tan dañada. Lo saben y pasan».
Según Alberto, opinión que comparten varios líderes sindicales del sector, más del 80% de los hoteles y pensiones de Barcelona son comisionistas, algo difícil de demostrar porque todo se hace en negro. El problema es que la mayoría de los afectados no presentan denuncia y se van con el cabreo a casa. Elite ya ha actuado en varios hoteles, sobre todo en el Fòrum. Cuando ven un taxi comisionista, se acercan, entregan un papel informativo al cliente y echan al tramposo, que alega que la ley le permite encochar a un cliente que haya concertado el servicio. La Urbana y los Mossos ya han tenido que intervenir en varias ocasiones. «No te extrañe si al final tenemos un problema serio», advierte Álvarez.
Que hayan pasado 30 años y que sean los propios taxistas los que se alcen contra sí mismos tiene varias explicaciones. La primera, un Instituto Metropolitano del Taxi (IMT) que asegura que hace lo que puede con pocos recursos. Su gerente, Eduard Ràmia, explica que actúan hasta donde alcanza su competencia, esto es, el cobro excesivo a un cliente. El problema es que el IMT solo cuenta con dos inspectores para controlar 10.500 licencias. Eso se corregirá con tres vigilantes más en las próximas semanas, aunque lo ideal, sostiene, sería contar «con hasta 15 inspectores, y si fuera posible, uno o dos fijos en El Prat y en Sants».
Defiende Ràmia que el movimiento de dinero a través de comisiones, de producirse, es un delito contra el que debería actuar la Agencia Tributaria. Tampoco ayuda que la Generalitat lleve un retraso de cuatro años en la elaboración de una ley que regule las emisoras de taxi, a las que el sector culpa de todo. Al parecer, la norma está en la fase de revisión.
ESCURRIR EL BULTO / La ley del taxi, del 2003, se limita a instar al Govern a «determinar por reglamento las condiciones de la contratación del servicio de emisoras de radiotaxi», una forma de escurrir el bulto. «Como IMT no podemos hacer más, es necesaria una norma que llevamos tiempo pidiendo», detalla Ràmia.
Por parte del Gremi d’Hotels de Barcelona, su director, Manel Casals, comparte la importancia de cuidar al turista desde el momento en el que aterriza hasta que abandona la ciudad, y señala que el timo de las comisiones, que condena, es «un fenómeno que va a menos gracias a aplicaciones de móvil» como MyTaxi o Hailo, que permiten reservar el transporte con el teléfono.
No opinan igual los taxistas, que con la crisis aseguran que la trampa crece. Y con ella, si nadie lo remedia, la mala imagen de Barcelona.

Fenebús pide el cierre inmediato de la web blablacar.es por considerarla ‘competencia desleal’ para el autocar

NEXOBUS.com / Fenebús ha solicitado el inmediato cierre de la página web blablacar.es, por considerar que su actividad –organizar viajes entre particulares a cambio de un precio establecido- lesiona gravemente los intereses de las empresas de transporte de viajeros legalmente establecidas y con todos los requisitos administrativos en orden.
La federación, que está arropada en esta iniciativa por las asociaciones de taxistas y las de alquiler de vehículos sin conductor, ya ha presentado cuatro escritos de denuncia al respecto. A través de un comunicado, recuerda que esta actividad no cuenta en España con una legislación que la permita y que puede perjudicar seriamente los intereses tanto de los usuarios como de los operadores de transporte. "En el caso de los pasajeros, no está claro si las compañías de seguros responderían ante un supuesto siniestro por los ocupantes sin ninguna relación con el conductor, ni tampoco quién se haría cargo de incidentes derivados de un mal comportamiento por parte del conductor en el caso de sustracciones o ataques contra la integridad de las personas. Asimismo, los conductores no están obligados a cumplir con los requisitos de seguridad que se imponen a los profesionales como el descanso obligatorio o la limitación de la velocidad", señalan desde Fenebús.
En el caso de las empresas, para el director de la federación, José Luis Pertierra, estamos ante un caso de "intrusismo tan claro como si un conductor cualquiera coloca un cartel en su vehículo y se dedica a realizar viajes a la Estación de Atocha por el precio que se le ocurra establecer". Recuerda además que los operadores legales realizan servicios para los que están autorizados y "contribuyen con sus impuestos a las arcas del Estado", mientras que esta actividad que "en realidad es un negocio porque imponen un precio al viaje", no cumple con sus obligaciones tributarias.

Finalmente, Pertierra ha asegurado que "Fenebús irá contra cualquier página de estas características que subrepticiamente se anuncie como un ‘autostop’ improvisado y sea realmente negocios de transporte de viajeros". En su opinión, la intención oculta de estas empresas ilegales es "establecerse en el mercado y después valorar o negociar la forma de convertirse en legales".

miércoles, 12 de marzo de 2014

Boletín de información sobre Asamblea de Federacion

Lo que la Junta de Mariano no cuenta, de sus cuentas

fraude en los cursos de formación de la patronal madrileña

Entre los detenidos está el presidente de Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid, Alfonso Tezanos, su socio Víctor Porta, su esposa y su cuñado y un dirigente de la Unión de Cooperativas de Transporte. No se descartan nuevas detenciones

EUROPA PRESS Madrid 11/03/2014 14:27 Actualizado: 11/03/2014 14:43
Alfonso Tezanos.

Alfonso Tezanos.- FEDECAM / EP

Agentes de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido esta mañana al presidente de Federación de Empresarios de la Comunidad (FEDECAM), Alfonso Tezanos, a su socio Víctor Porta y a nueve personas más por el presunto fraude en los cursos de formación, han informado a Europa Press fuentes policiales. 
Entre los detenidos en Madrid, además de los antes mencionados, se encuentra la esposa y el cuñado de Tezanos y un dirigente de la Unión de Cooperativas de Transporte (Ucotrans). Por su parte, en Córdoba han sido detenidos la exmujer y familiares de José Luis Aneri. La operación policial sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Precisamente, estas detenciones se producen en el marco de la investigación abierta a raíz de presuntas irregularidades en el uso de los fondos destinados a formación continua por parte de asociaciones empresariales como Sinergia Empresarial S.L, dirigida por Aneri, exsocio de Tezanos. Tras descubrirse el caso, Tezanos defendió que FEDECAM no tenía nada que ver con el presunto fraude vinculado Aneri ya que su relación con el empresario, ya en prisión, terminó en 2011.

PSM: La tarifa fija del taxi al aeropuerto "abre la puerta al fraude"

El portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Eustaquio Jiménez, ha denunciado este lunes que la tarifa fija para los desplazamientos en taxi al aeropuerto de Madrid "abre la puerta al fraude".

"Esto es una tarifa inaplicable, que perjudica gravemente y abre la puerta al fraude en los precios que cobren a los usuarios viajeros que vayan al aeropuerto de Madrid o vengan a la almendra central de la ciudad de Madrid" ha manifestado el responsable socialista.

En este sentido, el diputado socialista ha tildado de "incomprensible" la aprobación de esta tarifa en la Comisión de Precios, ya que, según ha indicado, "no satisface ni a los consumidores, ni a los profesionales" del sector y, además, va "en contra" de las ordenanzas municipales y contra el reglamento del taxi.

"Los socialistas creemos que eso no debería haber sido aprobado y estamos en contra" ha continuado el parlamentario socialista para concluir exigiendo al Gobierno regional que actúe para defender "más y mejor" a los consumidores en su condición de viajeros del taxi de la ciudad de Madrid.

A mediados del pasado mes de febrero, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Diego Sanjuanbenito, indicó que la implantación de la tarifa fija para los desplazamientos en taxi hacia el aeropuerto se ha producido con "total normalidad" y que sólo ha habido cinco quejas en mes y medio.

La Confederación del Taxi de España recibió de Aneri mordidas del 20%

El empresario dejó constancia de los pagos por escrito en un convenio

El porcentaje de mordida aparece negro sobre blanco, en un documento de 15 páginas que lleva la firma de ambas partes. “Sinergia gratificará a CTE [Confederación del Taxi de España] con el 20% de su facturación global por la ejecución de las acciones del plan de formación 2012”. Sinergia Empresarial es la empresa matriz de la red de José Luis Aneri, el empresario cordobés en prisión desde el pasado 1 de marzo, como principal sospechoso de una presunta trama de cursos de formación fraudulentos.
Distintas fuentes de la investigación habían señalado que las asociaciones empresariales con las que contrataba Aneri recibían entre un 10 y un 20% del dinero de las subvenciones para destinarlo, en el mejor de los casos, a su funcionamiento. Aneri funcionaba con plenos poderes para representar a estas asociaciones ante las Administraciones, era la persona de contacto y la que gestionaba la petición de ayudas que luego recibían las distintas patronales.
Lo que demuestra el convenio firmado con la Confederación del Taxi —creada en 1978, con 35.000 taxistas y presencia en todas las comunidades autónomas, según sus datos— es que dejó constancia por escrito de esas gratificaciones que se saltan lo que fija la ley.
El supuesto fraude del que Aneri es de momento el principal sospechoso supera los 15 millones de euros en subvenciones públicas para cursos de formación, entre los 11 millones de dinero del Estado y otros 4,4 de fondos de la Comunidad de Madrid. Los expedientes de la Confederación del Taxi corresponden a fondos estatales gestionados a través de la Fundación Tripartita, el organismo dependiente del Ministerio de Empleo en el que participan la Administración, los sindicatos y los empresarios. En 2012, recibieron una subvención de 122.050 euros.
El convenio en el que quedó reflejado el porcentaje de gratificación, firmado en noviembre de 2012, es un documento tipo que se elaboró en las oficinas de Aneri, según explica el presidente de la Confederación del Taxi y firmante del contrato, José Artemio Ardura. El presidente de los taxistas asegura que prácticamente el mismo modelo se repitió durante los tres años que solicitaron subvenciones para cursos de teleformación con Aneri —de 2010 a 2012— y añade que “no se trata de una mordida”.
“El empresario es libre de abonar la cantidad que considere oportuna de sus beneficios dentro de su estrategia empresarial y en concepto de patrocinio”, señala Artemio al teléfono desde Oviedo, sede principal de la confederación.
Pero no es eso lo que dice la ley. La orden ministerial de 2012 que regula la formación no permite ese tipo de pagos. Las asociaciones que delegan en consultoras su formación pueden quedarse con un máximo del 10% del coste de la actividad formativa (hasta agosto de 2012 era del 20%) pero siempre en concepto de costes asociados a la actividad, es decir, personal de la asociación para gestionar los cursos, gastos financieros relacionados con los cursos o facturas de luz, agua, calefacción o mensajería, también relacionados con la actividad formativa.
Tampoco, en ningún caso, pueden recibir parte de esa subvención como gratificaciones de la consultora que han elegido para realizar los cursos. Son ellas las que reciben las ayudas y son ellas las que contratan y han de justificar después cómo han usado el dinero.
José Artemio explica que el dinero recibido se destinó para la organización de “eventos, congresos, ejecutivas, ...”. “Somos una asociación con escasos ingresos y poca recaudación por cuotas”, añade el presidente. La Confederación de Taxistas ha remitido los convenios firmados con Aneri a la Agencia Tributaria, que les ha requerido información.
“Llevamos 20 años haciendo formación sin ningún problema, hemos tenido la mala suerte de caer con esta empresa”, añade Artemio, que asegura que no recibieron el 20% correspondiente a la subvención de 2012 (sí la de los dos años anteriores) y que desde septiembre de 2013 no ha podido contactar con Aneri, ahora en prisión provisional por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa.
El seguimiento y vigilancia de los cursos corresponde, por normativa, a la Administrración y las asociaciones. En el convenio que firmó Aneri con la Confederación del Taxi aparecía el compromiso de creación de una comisión de seguimiento con representantes de ambas partes que no se puso en marcha. El supuesto fraude de los cursos de formación se basaba en la multiplicación de nombres y DNI de alumnos que no hacían realmente los cursos a distancia.
El presidente de la Confederación de Taxistas asegura que no sabe si los cursos se realizaron o no porque no revisó los listados de alumnos que Aneri les enviaba. “Velamos hasta donde pudimos porque no disponemos de medios para más y porque confiábamos en una empresa con las mejores referencias”, añade Artemio.

Una nueva protesta de taxistas colapsa el centro de Valencia

Los manifestantes han reivindicado la regulación horaria y el control de los asalariados

Cola de taxis durante la protesta celebrada en Valencia. /MÒNICA TORRES
Centenares de taxistas han colapsado hoy las calles del centro de Valencia ante la falta de contestación de la Administración a sus reivindicaciones y para pedir la destitución del director general de Transportes, Carlos Eleno, porque, según denuncian, "no ha cumplido su palabra".
La manifestación, celebrada por la mañana, ha sido convocada por la Federación Sindical del Taxi de Valencia, la Asociación de Taxistas de la Comunitat Valenciana (ATCV) y la secretaría de USCV-Taxi.
Los manifestantes han reivindicado, entre otras cuestiones, la garantía de que todos los taxis llevan la regulación horaria, el control de asalariados en el sector o un plan de retirada de licencias, ya que consideran que hay un exceso de taxis en la ciudad.
El presidente de la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia, Fernando del Molino, ha asegurado a EFE que alrededor de 2.000 taxis han participado en esta protesta, que ha partido desde dos puntos y ha confluido en uno para acudir hasta el Palau de la Generalitat, donde han entregado un escrito al presidente, Alberto Fabra.
La esquina de Fernando el Católico con Gabriel Miró y la de Marqués del Turia con Isabel La Católica han sido los puntos de inicio de las dos manifestaciones, que se han unido en la plaza de España para ir posteriormente hacia Guillém de Castro y Torres de Serrano y, de ahí, a la plaza de Manises, donde está la sede del Gobierno valenciano.
Los taxis han ocupado en algunas vías dos carriles, pero en otras tres, lo que ha provocado un colapso de tráfico, agravado por las centenares de calles que ya han sido cortadas por la instalación de carpas con motivo de las fiestas falleras.
En el escrito que han entregado en Generalitat, los taxistas han manifestado el "malestar del sector" con el director general de Transporte, y han pedido que sea destituido por no "haber cumplido su palabra" ya que, según afirman, les prometió un referéndum para votar la regulación que quería el sector y para elegir a sus representantes sindicales.
"La primera la manipuló para que no se pudiera elegir la propuesta que quería la mayoría del sector y nuevamente favorecer a los de siempre, y la segunda no la ha cumplido", afirman.
También le acusan de haber incumplido su palabra al no aplicar un articulo de la Ley de Movilidad que obliga a los titulares de licencia de taxis a presentar en la consejería los contratos en los que están los horarios de los asalariado.
Añaden que el director general se comprometió a valorar la nocturnidad y festividad en los servicios fijos del aeropuerto y a retirar las tarifas fijas en la semana de fallas y no ha contestado, "creando un descontento mayor".
En el escrito denuncian que Carlos Elena "no ha cumplido su palabra de garantizar que todos los taxímetros tengan la regulación horaria instalada".
Los convocantes consideran que el sector necesita una "reconversión urgente" para conseguir "un taxi mejor para Valencia, sin asalariados explotados por floteros dando un pésimo servicio y con los taxis amontonados por las paradas 16 horas al día cuando la inmensa mayoría del sector pide 12 horas".
Según ha explicado Fernando del Molino, el pasado viernes recibieron una carta de la dirección general de Transporte en la que les comunicaba que "estaban trabajando" en algunas de sus reivindicaciones, pero "también nos decían que lo estaban haciendo todo muy bien".