El Ayuntamiento abre expediente a 192 taxistas por cesión ilegal de sus licencias

Ángel Sabroso inicia los trámites para revocar los permisos a los taxis explotados por floteros - Asalariados y patronos le acusan de sancionar a autónomos legales

Teresa García 04.09.2013 | 02:10

Actuación policial en una cooperativa de taxis de la capital el pasado 2 de julio. | la provincia / dlp

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El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha abierto expedientes sancionadores a un total de 192 taxistas por cesión ilegal de sus licencias a floteros para que éstos las exploten. Con la apertura de estos expedientes que acaban de ser notificados por carta a los taxistas cuyas licencias están siendo investigadas por un presunto delito de fraude fiscal, el concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, ha iniciado el proceso para revocar los permisos a los patronos, en su mayoría viudas y jubilados, que han arrendados sus taxis a floteros.

Las asociaciones de asalariados y patronos, cuyas denuncias han propiciado el proceso judicial que se ha saldado por el momento con la imputación de siete floteros, advirtieron ayer de que el Ayuntamiento ha incoado expedientes también a autónomos que no han cometido ninguna irregularidad. Tanto Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc), como la presidenta de la Asociación de Asalariados, María Eugenia Suárez, denunciaron que el Ayuntamiento está "metiendo en el mismo saco" de los jubilados y viudas a autónomos que explotan sus taxis de acuerdo con lo que establece la ley y el reglamento municipal.

Fuentes municipales indicaron ayer que los datos de los titulares de licencias que, presuntamente, han sido cedidas ilegalmente a floteros, fueron remitidos al consistorio por el Juzgado de Instrucción número ocho, que preside Victoria Rossell, la magistrada que está investigando los presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y contra los derechos de los trabajadores cometidos por los siete floteros imputados. Las fuentes añadieron que fue el Ayuntamiento el que solicitó al juzgado la remisión de los datos y aclararon que los titulares de licencias expedientados pueden recurrir la sanción, que contempla una multa cuya cuantía oscila entre 4.601 y 6.000 euros, por haber cometido una infracción muy grave, que también lleva aparejada la retirada de la licencia.

Traspaso

El Ayuntamiento considera que los taxistas expedientados han incumplido el artículo 104.4 de la Ley de Ordenación del Transporte de Carreteras de Canarias (Lotcc), que impide ceder las licencias a terceros.

La resolución municipal establece también la suspensión de la transmisión de licencias hasta que culmine el procedimiento. Sabroso anunció el pasado mes de julio que bloquearía el traspaso de licencias hasta que concluyera la investigación judicial. El concejal condicionó también en aquel momento la retirada de las licencias a la culminación del proceso, pese a lo cual el Gobierno municipal ha decidido ahora iniciar los expedientes de revocación.

Según se puede leer en uno de los expedientes sancionadores, a los que ha tenido acceso este periódico, el juzgado envió al concejal Sabroso la lista de licencias que está investigando la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera, que son los datos en los que se ha basado el Ayuntamiento para incoar las sanciones, pese a que la información de Vigilancia Aduanera está pendiente aún, para confirmar la existencia de los presuntos delitos, de que la Agencia Tributaria concluya el informe sobre la documentación obtenida en las redadas realizadas el pasado 2 de julio en varios locales y domicilios de floteros.

Expedito Suárez manifestó ayer su "sorpresa" por las "prisas" que le han entrado de repente al Ayuntamiento para iniciar los expedientes sancionadores, pese a que la investigación judicial "no ha concluido aún y tampoco hay sentencia. El Ayuntamiento", insistió, se ha negado a hacer las inspecciones anuales que establece el reglamento, a través de las cuales puede comprobar sin problemas si los jubilados y viudas están explotando irregularmente las licencias. "No puedo creer que el Ayuntamiento lo supiera y no haya hecho nada hasta ahora", añadió Suárez quien denunció el perjuicio que está causando el Gobierno municipal a los autónomos que han actuado legalmente. "Si lo que pretende el Ayuntamiento con estos expedientes es poner al sector del taxi en contra mía con los expedientes sancionadores, ha conseguido el objetivo", sostuvo Suárez, quien está sufriendo las críticas de taxistas sancionados, que le consideran culpable de lo que está ocurriendo. Por su parte, María Eugenia García Rocha, consideró que "el Ayuntamiento intenta engañar a la Justicia, haciendo ver que está intentando regular el sector, cuando lo que realmente busca es dejar las cosas como están. El Ayuntamiento sabe perfectamente quién incumple la ley, pero permanece de espaldas a ella. Nuestra única esperanza es la juez. Si la Justicia no entra en ese Ayuntamiento, estamos perdidos".