Baleares, Cort amenaza con cerrar las emisoras de taxi por supuestas comisiones

El Ayuntamiento de Palma investiga el pago de supuestas comisiones de las emisoras de taxi de la ciudad a diferentes hoteles y centros hospitalarios por el aviso para la prestación de servicios a sus clientes. A raíz de la denuncia de un particular, el consistorio ha advertido a las empresas afectadas de que esta práctica está«prohibida por el reglamento». De confirmarse, Cort podríaretirar la licencia a las compañías implicadas.

Según los primeros datos, se trataría de pagos de entre 1 y 2 euros por carrera tanto a hoteles como a hospitales de Palma para tener preferencia en los servicios de transporte en taxi a sus clientes. «Por las informaciones y pruebas presentadas en la demanda, el volumen de las comisiones podría suponer un delito de fraude fiscal, porque ha sido continuo en los años y por la gran cantidad de taxis a los que alcanza», señala el concejal de Movilidad de Cort, Gabriel Vallejo.

Estos presuntos pagos afectan, según Vallejo, a las cuatro emisoras de taxi de la ciudad, que gestionan 1.200 vehículos: Taxis Palma, Taxi Teléfono, Radio Taxi y Fono Taxi. Todas han recibido ya el aviso de que acaben con este tipo de prácticas fraudulentas en caso de realizarlas. «Si se comprueba que pagaban comisiones y continúan con la irregularidad se abriría el expediente oportuno y podría procederse al cierre de las emisoras», asegura el concejal. Según explica, no existen sanciones económicas posibles para este tipo de prácticas.

Al parecer, las emisoras gestionaban el pago fraudulento de cantidades de entre 1 y 2 euros por servicio para los establecimientos que les dieran preferencia en el transporte de clientes. «El taxista era quien hacía efectivo el pago y, a cambio, la empresa le hacía una suerte de liquidaciones mensuales por este concepto», detalla Vallejo.

Mientras el Ayuntamiento de Palma estudia la parte administrativa del caso, el regidor de Movilidad se ha reunido ya con su homólogo de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, para analizar si la investigación del caso debería continuar en manos de la propia concejalía, de la Policía Local o de la Fiscalía. «Si existe un ilícito penal, nos encargaremos de que la información sea investigada por quien corresponda», asegura Vallejo.

Tras la denuncia recibida el pasado viernes por parte de un ciudadano, el Ayuntamiento ha encontrado un expediente abierto en 2009 con las mismas acusaciones, cuando gobernaba el Pacte. «En aquella ocasión, los Servicios Jurídicos recomendaron al concejal Joaquín Rodríguez -a quien sustituyó José Hila- y a la propia alcaldesa Aina Calvo que advirtieran a las emisoras para que acabaran con esa práctica. Pero no hicieron nada», asegura Vallejo. El caso quedó archivado y sin estudiar.

Tras las primeras pesquisas y pruebas entregadas, el concejal apunta que el presunto pago de comisiones denunciado es «una práctica generalizada y no un tema de una emisora en concreto». Vallejo destaca la rapidez con la que el consistorio ha actuado esta vez poniendo el asunto en manos del departamento de Servicios Jurídicos en cuanto tuvo noticia de estos supuestos hechos.