El empresario dejó constancia de los pagos por escrito en un convenio
El porcentaje de mordida aparece negro sobre blanco, en un documento de 15 páginas que lleva la firma de ambas partes. “Sinergia gratificará a CTE [Confederación del Taxi de España] con el 20% de su facturación global por la ejecución de las acciones del plan de formación 2012”. Sinergia Empresarial es la empresa matriz de la red de José Luis Aneri, el empresario cordobés en prisión desde el pasado 1 de marzo, como principal sospechoso de una presunta trama de cursos de formación fraudulentos.
Distintas fuentes de la investigación habían señalado que las asociaciones empresariales con las que contrataba Aneri recibían entre un 10 y un 20% del dinero de las subvenciones para destinarlo, en el mejor de los casos, a su funcionamiento. Aneri funcionaba con plenos poderes para representar a estas asociaciones ante las Administraciones, era la persona de contacto y la que gestionaba la petición de ayudas que luego recibían las distintas patronales.
Lo que demuestra el convenio firmado con la Confederación del Taxi —creada en 1978, con 35.000 taxistas y presencia en todas las comunidades autónomas, según sus datos— es que dejó constancia por escrito de esas gratificaciones que se saltan lo que fija la ley.
El supuesto fraude del que Aneri es de momento el principal sospechoso supera los 15 millones de euros en subvenciones públicas para cursos de formación, entre los 11 millones de dinero del Estado y otros 4,4 de fondos de la Comunidad de Madrid. Los expedientes de la Confederación del Taxi corresponden a fondos estatales gestionados a través de la Fundación Tripartita, el organismo dependiente del Ministerio de Empleo en el que participan la Administración, los sindicatos y los empresarios. En 2012, recibieron una subvención de 122.050 euros.
El convenio en el que quedó reflejado el porcentaje de gratificación, firmado en noviembre de 2012, es un documento tipo que se elaboró en las oficinas de Aneri, según explica el presidente de la Confederación del Taxi y firmante del contrato, José Artemio Ardura. El presidente de los taxistas asegura que prácticamente el mismo modelo se repitió durante los tres años que solicitaron subvenciones para cursos de teleformación con Aneri —de 2010 a 2012— y añade que “no se trata de una mordida”.
“El empresario es libre de abonar la cantidad que considere oportuna de sus beneficios dentro de su estrategia empresarial y en concepto de patrocinio”, señala Artemio al teléfono desde Oviedo, sede principal de la confederación.
Pero no es eso lo que dice la ley. La orden ministerial de 2012 que regula la formación no permite ese tipo de pagos. Las asociaciones que delegan en consultoras su formación pueden quedarse con un máximo del 10% del coste de la actividad formativa (hasta agosto de 2012 era del 20%) pero siempre en concepto de costes asociados a la actividad, es decir, personal de la asociación para gestionar los cursos, gastos financieros relacionados con los cursos o facturas de luz, agua, calefacción o mensajería, también relacionados con la actividad formativa.
Tampoco, en ningún caso, pueden recibir parte de esa subvención como gratificaciones de la consultora que han elegido para realizar los cursos. Son ellas las que reciben las ayudas y son ellas las que contratan y han de justificar después cómo han usado el dinero.
José Artemio explica que el dinero recibido se destinó para la organización de “eventos, congresos, ejecutivas, ...”. “Somos una asociación con escasos ingresos y poca recaudación por cuotas”, añade el presidente. La Confederación de Taxistas ha remitido los convenios firmados con Aneri a la Agencia Tributaria, que les ha requerido información.
“Llevamos 20 años haciendo formación sin ningún problema, hemos tenido la mala suerte de caer con esta empresa”, añade Artemio, que asegura que no recibieron el 20% correspondiente a la subvención de 2012 (sí la de los dos años anteriores) y que desde septiembre de 2013 no ha podido contactar con Aneri, ahora en prisión provisional por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa.
El seguimiento y vigilancia de los cursos corresponde, por normativa, a la Administrración y las asociaciones. En el convenio que firmó Aneri con la Confederación del Taxi aparecía el compromiso de creación de una comisión de seguimiento con representantes de ambas partes que no se puso en marcha. El supuesto fraude de los cursos de formación se basaba en la multiplicación de nombres y DNI de alumnos que no hacían realmente los cursos a distancia.
El presidente de la Confederación de Taxistas asegura que no sabe si los cursos se realizaron o no porque no revisó los listados de alumnos que Aneri les enviaba. “Velamos hasta donde pudimos porque no disponemos de medios para más y porque confiábamos en una empresa con las mejores referencias”, añade Artemio.
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