Los funcionarios de Justicia en misión oficial tendrán que adelantar el dinero del taxi

CIUDAD REAL

A partir del próximo 21 de octubre todos los funcionarios de Justicia que se desplacen en misión oficial en la provincia, sobre todo empleados del servicio de notificaciones y embargos que tienen que utilizar algún medio de transporte, tendrán que “liquidar” ellos mismos el importe del trayecto, es decir pagar con dinero propio que luego el Ministerio de Justicia les reembolsará en su nómina.

El taxi, aunque como último recurso, es un medio de transporte muy usado para notificar resoluciones u otros actos judiciales /

La nueva forma de pago afecta a billetes de autobús o cualquier otro medio de transporte público, incluso la gasolina en caso de que se utilice el vehículo particular, pero la polémica viene por el uso del taxi, un medio de transporte caro al que se recurre con frecuencia y al que parece que se quiere poner coto.

Luis Fresneda, el gerente territorial que este jueves confirmó “la manera distinta de forma de pago”, asegura que ni se trata de un ajuste ni de complicarle las cosas al funcionario, sino de de adaptar lo que sucede en los juzgados de la provincia a la normativa vigente.

“En el resto de la Administración pública la forma de pago es así. Al taxi sólo se recurre como última opción y siempre que se justifique. Ahora lo que sucede es que tenemos una serie de taxistas que prestan el servicio y luego facturan el importe periódicamente a la gerencia. A partir del 21 de octubre en Ciudad Real se aplicará lo que se hace en otras ciudades”.

Fresneda asegura que los servicios no se van a ver ni mermados ni resentidos, “sólo que se harán con otra metodología de pago”.

Preguntado sobre qué pasa si el funcionario no tiene dinero para el transporte, explica que el interesado deberá “pedir un anticipo en gerencia”.

A falta del comprobar el impacto que la nueva norma tendrá en los juzgados, desde la junta de personal entienden que la administración trate de racionalizar el gasto de transporte, pero no creen que obligar al funcionario a pagar el taxi de su bolsillo sea el camino.

“Hay otras vías, asignar un cupo de gasto por servicio…. Nos tememos que aunque el taxi sea el último recurso un miembro del cuerpo de auxilio judicial, que no gana más de mil euros mensuales, si tiene que adelantar cada semana una o dos facturas de taxi no podrá hacerlo”, opina José García Muñoz, del sindicato CSIF.