El Ayuntamiento pone coto a los asalariados del taxi para quitar vehículos de la calle

Prohíbe la contratación de nuevos empleados, una medida que puede enviar al paro a 145 trabajadores para que compren las licencias de jubilados y viudas

EL TAXI, EN CIFRAS

1.434

licencias de taxi hay vigentes en la capital (cuatro en excedencia), lo que equivale a 2,49 vehículos por cada mil habitantes frente al 2,35 que como máximo fija la ordenanza municipal.

905

asalariados trabajan en el sector, repartidos entre 765 vehículos. Hay 630 licencias con un único empleado al margen del titular, 130 con dos, y cinco con tres.

295

licencias están en manos de personas que no ejercen al volante. De ellas, 212 pertenecen a jubilados que deben darse de alta en la Seguridad Social o transferirla antes del 13 de junio. Además, hay 83 de viudas que tienen de plazo hasta el 13 de marzo de 2016.

28.000

euros brutos recaudó de media cada titular en 2012, que se quedarían a la mitad una vez depurados los costes propios de la actividad (seguros, combustible, mantenimiento del coche,...). Esta cantidad supone un tercio menos que en 2007 y se sitúa por debajo de los 31.000 euros en los que está cifrada la viabilidad.

El Ayuntamiento ha cogido definitivamente el guante que desde que comenzó la crisis vienen lanzándole los autónomos del taxi y frenará la contratación de nuevos asalariados para poner coto al exceso de oferta que ha aflorado en el sector como consecuencia de la progresiva caída de la demanda. Los 1.430 vehículos que prestan servicio en la capital (hay otras cuatro licencias en excedencia) hacen menos carreras pero, contradictoriamente, cada vez hay más trabajadores por cuenta ajena que se ponen al volante. Actualmente son 905, medio centenar contratados en el último mes.

Ahora, aprovechando el reglamento andaluz del taxi que limita a un asalariado por licencia, el Instituto Municipal del Taxi tiene previsto aprobar hoy con el respaldo de las tres asociaciones de autónomos la congelación de nuevas incorporaciones con el objetivo de reducir el número de vehículos que están en la calle con doble turno del 34% actual a un 15%. Una vez que la medida entre en vigor (debe ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia), los 130 vehículos con dos empleados y los cinco que hay con tres deberán quedarse con uno solo a medida que vayan expirando los contratos. Los 630 que ya tienen uno se quedarán como están, mientras que los 669 autónomos que ejercen en exclusiva la actividad tendrán vetada las contrataciones. Además, se va a incluir en la ordenanza municipal la potestad del Ayuntamiento de autorizar las contrataciones futuras o la conducción de autónomos colaboradores para la prestación del servicio en horario diferente al que corresponda al titular para evitar una sobreoferta.

Sobre el papel, la medida enviará al paro a 145 trabajadores con contratos eventuales que irán expirando en los próximos meses y que no podrán ser renovados. Sin embargo, el concejal de Movilidad, Raúl López, aseguró ayer que «no habrá despidos». ¿El motivo? La intención, a priori, es que los empleados por cuenta ajena se hagan con las 295 licencias en manos de jubilados y viudas a los que la normativa autonómica obliga a ponerse al volante o a venderlas (antes del 13 de junio para los primeros y antes del 13 de marzo de 2016 para las segundas). Para ello, el propio Ayuntamiento quiere poner en contacto a estos titulares con los asalariados afectados, además de negociar con entidades financieras para que ofrezcan unas condiciones favorables a los posibles compradores, puesto que el precio de una licencia ronda actualmente los 70.000 euros. En cualquier caso, el trasvase de licencias a los asalariados no está garantizado por la lógica propia del libre mercado.

Caída de los ingresos

«Como Ayuntamiento no podemos interceder en la compra, pero sí facilitar que puedan ser los primeros en adquirirlas», afirmó López, quien recalcó que «el objetivo es mantener los puestos de trabajo garantizando el equilibrio entre la oferta y la demanda». En este sentido, destacó que los ingresos de los autónomos han pasado de los 43.000 euros en 2007 a los 28.000 de 2012, a los que habría que descontar los gastos propios de la actividad (combustible, seguros, mantenimiento del coche,...).

El mismo argumento defienden desde la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (Aumat). Su presidente, José Antonio Mate, calificó la decisión de «necesaria porque el sector está por debajo de la rentabilidad debido al número desproporcionado de asalariados». En cualquier caso, incidió en que la medida aprobada en asamblea por los socios se aplicará inicialmente hasta el 31 de diciembre de este año. «Luego, ya se verá si se continúa o no», precisó.

Una visión que para nada comparte el secretario general de Asalariados del Taxi, Arturo Kindelán, quien advirtió de que la mayoría de las contrataciones en el sector son temporales «por lo que cuando vayan terminando no se renovarán y dejarán a muchos trabajadores en la calle». Además, denunció la «falta de representación» del colectivo en el Consejo Rector del IMT, ya que la persona que figura como representante ni siquiera trabaja en el sector del taxi (es conductor en una cadena de supermercados).