CÓRDOBA – El Gobierno cierra el Padrón de habitantes de 2011 en 328.659 vecinos, lo que obliga a un incremento, rechazado por el sector, de las 500 autorizaciones a 509
El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que sacar a concurso nueve licencias nuevas de taxi en la ciudad como consecuencia de la aplicación directa de la actual ordenanza que regula esta actividad profesional de transporte público ejercido por privados. No se trata de una cuestión de decisión política sino de una aplicación directa de una norma matemática generada por la última reunión del Consejo de Ministros, que aprobó los datos del Padrón de habitantes de España para 2011.
Según la ordenanza municipal, la revisión del número de licencias de taxi se efectúa mediante un cálculo quinquenal en todos los años que acaban en uno y en seis. El Padrón de 2011 dice que en Córdoba residen 328.659 vecinos, con un ligero incremento de 112 personas con respecto a 2010. La norma local asegura que, llegado el momento de la revisión, hay que establecer una ratio de 1,55 vehículos por cada 1.000 habitantes. Ello implica que en Córdoba tendrán que operar 509 taxis frente a los 500 que actualmente tiene la flota -y no 495 como aseguran algunos documentos municipales-. La flota se revisó por última vez en 2006, cuando se crearon diez licencias nuevas. Antes, hubo una década con 490 taxis funcionando en la ciudad. A mediados de los 90, había 483 vehículos.
La ampliación de licencias se tiene que realizar, además, de una forma reglada. El 10% de los nuevos permisos se tiene que reservar para profesionales que cuenten con un vehículo dedicado al transporte interurbano. La ordenanza genera también derechos de prelación, aunque no establece porcentaje, para los trabajadores asalariados del taxi con mayor antigüedad, que se pierde cuando se deja de trabajar en el taxi seis meses continuados. El resto se asigna por concurso libre con arreglo a unas bases previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local (antes, Comisión de Gobierno). Las personas que hayan vendido su licencia o hubiesen renunciado a ella pierden la posibilidad de participar en el proceso hasta diez años después de efectuarse dicha operación.
La ampliación de la flota tiene partidarios, como los asalariados del taxi y las organizaciones que los defienden, pero también detractores. La asociación de titulares de licencias, que preside Miguel Ruano, asegura que, en estos momentos, la aplicación de la normativa local supone un perjuicio grave para la totalidad de la flota, como consecuencia de un decremento en el volumen de negocio suscitado por la crisis. “Estamos moviendo cielo y tierra”, explica, para que la ampliación de licencias no se produzca, lo que sólo podría ocurrir convenciendo a los grupos de una suspensión del articulado de la ordenanza o de un nuevo cálculo que aumente la tasa de 1,55 por mil a una nueva relación entre vehículos y habitantes, una reforma que se establece expresamente dentro de la ordenanza. El PP no ha dado muestras hasta el momento de tener en su agenda una modificación de esta normativa y lleva semanas con la idea prevista de tener que lanzar una nueva convocatoria de licencias (el Padrón realiza avances temporales de sus resultados de fin de año).
El portavoz de la entidad de autónomos aseguró que la ordenanza municipal que regula esta actividad es un documento de 1992 basado a su vez en una normativa de hace más de 30 años -el decreto de referencia data del año 1979- que contiene “un error”. Según aseguró, independientemente de la operación matemática, la norma local tendría que haber consolidado un sistema de cálculo de la flota que no solo tuviese en cuenta la población de la capital sino, además, el estado del negocio, los ingresos mínimos necesarios para que la explotación de un taxi se considere rentable. Ruano aboga directamente por cambiarlo en el sentido de que tenga en cuenta la cifra de negocio. Según el portavoz del gremio de taxistas, la situación se encuentra lo suficientemente deprimida como para acusar la llegada de “nueve bocas más”.
Contra la posición de los autónomos, se ecuentras las presiones de los asalariados que, desde hace años, empujan a los partidos políticos a establecer una flota más amplia que permita a personas que en estos momentos trabajan para autónomos establecerse por su cuenta en el sector. Los asalariados solo pueden acceder a las licencias mediante la ampliación de flota o por su adquisición./eldiadecordoba.es
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