Seis organizaciones valencianas del taxi pidieron ayer que se investigue la adjudicación del servicio de este transporte para los Juzgados de Alicante y Valencia a una empresa que, según denuncian, carece de autorización.
Estas entidades consideraron que se trata de una irregularidad, ya que la Ley de Movilidad prohíbe la titularidad de autorizaciones de este tipo de transporte a empresas jurídicas, y piden la intervención a favor del sector del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
Esta situación se repite en los dos últimos años con los servicios prestados a Justicia y Sanidad, con la que se han reunido en varias ocasiones «denunciando que los pliegos concursales se iban redactando cada vez más a la carta para que solo la empresa Transvía pudiera acceder a ellos».
La Unión de Asociaciones del Taxi, USO, Radio Taxi, la Confederación de Autónomos, la Asociación Empresarial y Tele Taxi indicaron que sería mucho más barato si se les permitiera participar en los pliegos y tendría «una calidad infinitamente mayor».
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