Los conductores creen que el Ayuntamiento de Madrid debe subvencionar este servicio
Los pasajeros que usan estos vehículos adaptados temen quedarse en tierra
El problema es la distancia. A los eurotaxis —monovolúmenes adaptados para personas con discapacidad física— no les salen las cuentas. La norma que regula este servicio público establece que los profesionales pueden iniciar la carrera con cinco euros en el contador al recoger al cliente. El problema es que solo hay unos 100 coches y los pasajeros pueden vivir a muchos kilómetros de distancia. Esto es, al taxista no le sale a cuenta recoger al viajero porque gasta más combustible del que puede cobrar. Ante esta situación, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FammaCocemfe Madrid) pide que se cumpla la ordenanza.
Los taxistas replican que no quieren dejar de dar servicio a nadie, pero que los afectados deben entender su situación.
Según Famma, la actuación del gremio del eurotaxi es “ilícita” y “punible”. Esta organización de ayuda a las personas discapacitadas instó ayer al Ayuntamiento de Madrid para que abra una investigación; aparte de inspeccionar, controlar y sancionar cualquier incumplimiento de la Ordenanza Reguladora del Taxi. Y acusan a aquellos que “han obtenido una licencia administrativa municipal para el desarrollo de esta actividad” y se niegan a hacer el servicio y “cometen atropellos a los derechos de las personas con discapacidad”, explicaron en un comunicado.
La Asociación Eurotaxi por la Movilidad y Accesibilidad (AEMA) alega que el problema es que no tienen garantizado qué distancia máxima tiene que recorrer un vehículo que ha sido avisado por la emisora. "Puede darse el caso de que el taxi se pida desde Navalcarnero y el conductor esté en plaza de Castilla. Y, evidentemente, no podemos cobrar cinco euros porque así no cubrimos los más mínimos gastos”, explica Julián Fernández, secretario de esta asociación.
Desde AEMA, piden comprensión a los discapacitados y que se unan a un frente común contra la Administración para que subvencione más este servicio.
